Bruce Goldstein, director ejecutivo del Farmworker Justice Fund, dijo a La Opinión que agricultores y activistas visitaron a docenas de legisladores "y nos parece que hay ímpetu" para tratar de avanzar el tema que formó parte de la fallida reforma migratoria integral.

"Tuvimos una respuesta positiva", indicó Goldstein.

Aunque AgJOBS es una medida bipartidista, no ha logrado avanzar en el Congreso. Entre los demócratas, la senadora de California, Dianne Feinstein, es su principal promotora, y según Goldstein, la legisladora, junto a su colega demócrata de Massachusetts, Edward Kennedy, les indicó que harán lo posible por incluir la medida en alguna vía legislativa durante esta sesión.

Una de las posibilidades es el Farm Bill que aún debe considerarse a nivel de comité antes de llegar al pleno del Senado.

Existe la posibilidad de que la senadora intente presentar la medida AgJOBS durante el debate del Farm Bill, pero la enmienda requiere de 60 votos para avanzar.

"No se ha tomado una decisión final en torno a la vía legislativa, pero una de las posibilidades es el Farm Bill. De presentar la enmienda, tratarían de hacerlo cuando el proyecto llegue al pleno y no a nivel de comité", explicó Goldstein.

Esto se debe en parte a la férrea oposición de varios senadores republicanos, entre ellos el de más alto rango en el panel de Agricultura en el Senado, Saxby Chambliss.

El principal promotor de la medida era el senador republicano de Idaho, Larry Craig, que involucrado en un escándalo por conducta impropia en un baño de hombres, vio su liderazgo e influencia disminuidos e incluso renunció a su cargo, aunque ayer indicó que tratará de permanecer en el mismo.

Feinstein, sin embargo, no quita el dedo del renglón argumentando que la industria agrícola enfrenta una severa crisis por la falta de mano de obra.

Se calcula que más de la mitad de los trabajadores agrícolas son indocumentados. El recrudecimiento de la vigilancia fronteriza, las redadas y la proliferación de medidas antiinmigrantes hacen que esa mano de obra escasee, las cosechas se echen a perder, la industria pierda miles de millones de dólares, lo que se refleja en los costos de los productos en los supermecados.

En julio Feinstein advirtió que los agricultores, muchos de California, han optado por arrendar terrenos en México, Centroamérica y otros lugares donde siembran sus cosechas, tienen acceso a mano de obra barata y no enfrentan problemas por la situación migratoria de los trabajadores agrícolas.

En esa oportunidad Feinstein indicó, utilizando un mapa, que los agricultores estadounidenses han rentado más de 46 mil acres de tierra en dos estados mexicanos: Baja California y Guanajuato.

"Los agricultores están arrendando tierra en México y no quieren que lo sepamos", dijo entonces Feinstein.

Aunque la presión de la industria agrícola es fuerte, no queda claro el futuro de AgJOBS por la atmósfera imperante en el Congreso ante medidas que supongan beneficios para indocumentados.

La medida DREAM Act, para legalizar a ciertos alumnos indocumentados, no ha progresado pese a tener apoyo bipartidista.

Sin embargo, AgJOBS se considera en una categoría aparte por su impacto sobre la importante industria agrícola del país.

Goldstein agregó que es alentador además que el panel de Agricultura de la Cámara Baja condujera ayer una audiencia sobre la falta de mano de obra agrícola, porque regularmente AgJOBS se ha limitado a la jurisdicción del Comité Judicial que aborda temas migratorios.

La Cámara Baja ya aprobó su versión del Farm Bill sin incluir AgJOBS.

El líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid, prometió a Feinstein hacer lo posible para considerar AgJOBS como parte del Farm Bill.

Pero además de la oposición republicana, algunos demócratas no favorecen tocar un tema contencioso que ha probado ser divisivo por temor a que los afecte en las urnas, sobre todo rumbo a los comicios generales de 2008.

Mientras tanto, el Senado sigue aprobando medidas enfocadas en seguridad. Aparte de los 3 mil millones en seguridad fronteriza y al interior del país que aprobó el miércoles en el plan de gastos de Defensa, avanzó otra enmienda al mismo proyecto que autoriza fondos para mantener hasta 6 mil guardias nacionales en la frontera.