La Opinion
Lunes, 12 de agosto de 2002

La semana pasada el gobernador Gray Davis acudio en Sacramento a un evento de recaudacion de fondos de campana electoral organizado por agremiaciones de empresarios agricolas. Al dia siguiente el Senado estatal completo el proceso de aprobacion de la SB 1736 que establece el arbitraje obligatorio para las negociaciones laborales de la industria agricola. Los empresarios agricolas se oponen fervientemente a esa legislacion, a la que atribuyen toda clase de nefandas consecuencias. El gobernador recibira probablemente hoy la SB 1736, que debera promulgar o vetar en un lapso de 12 dias. La legislacion fue aprobada solamente con votos democratas, y el candidato republicano a gobernador Bill Simon se opone a ella.

Davis debe aprobar esta ley, que busca eliminar graves injusticias en las relaciones laborales en el campo californiano, y dar contenido real a disposiciones legales vigentes desde 1975, pero que han sido sistematicamente burladas por los empresarios agricolas. Como antecedente, los proponentes de la ley tuvieron en cuenta una legislacion semejante, que establece el arbitraje obligatorio en la industria de las carreras de caballos.

El gobernador Davis ha expresado "preocupacion" acerca de la nueva ley, lo que segun los expertos en la lectura del lenguaje oficial indica la solapada intencion de vetarla. Eso seria un funesto error etico y administrativo. Frustraria las esperanzas de los campesinos explotados, y su posibilidad de obtener condiciones justas de trabajo, en negociaciones laborales en las que serian efectivamente representados por la Union de Trabajadores Agricolas (UFW), que no podria seguir siendo ignorada por los empresarios del campo. Y que contaria con el recurso del arbitraje obligatorio, en caso de no llegarse a un acuerdo.

Los opositores a la ley prefieren, por supuesto, el actual estado de cosas, que les permite hacer burla del proceso de negociacion y de la representacion sindical de los trabajadores agricolas establecidos en 1975, cuando se expidio la mas importante ley sobre las relaciones laborales agricolas, y se creo la Junta de Relaciones Laborales Agricolas (ALRB). Aunque esa legislacion autorizo a los trabajadores a hacerse representar sindicalmente en la mesa de negociaciones, omitio los mecanismos coactivos correspondientes, por lo que en la practica ha sido reiteradamente ignorada.

El gobernador Davis tiene ahora la oportunidad de corregir esa deficiencia de la ley, y hacer justicia a los trabajadores agricolas de California. Eso indicaria independencia de los grupos de poderosos intereses economicos que contribuyen a su campana. Por otra parte, vetar el proyecto SB 1736 denotaria insensibilidad para con los trabajadores agricolas, y las opresivas e injustas condiciones labores que padecen.

Nota de La Opinion

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